DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Percepciones y actitudes con la corrupción en Centroamérica

Percepciones y actitudes con la corrupción en Centroamérica

El abuso del poder público para obtener beneficios privados es la principal característica de la corrupción, un problema que afecta de diversas maneras y con distinta magnitud la gestión de los Estados y la prestación de servicios públicos a la población. Aunque se trata de un fenómeno que es difícil dimensionar y conocer en toda su complejidad, producto de su naturaleza de ocultación y por el carácter difuso de los hechos que lo provocan, la cantidad de denuncias y casos que se someten a investigación judicial por este tipo de delitos suelen ser aproximaciones para conocer su magnitud y características, así como la capacidad de los sistemas de control y administración de justicia para su detección, juzgamiento y sanción.

Desde el año 2010, casi en todos los países centroamericanos es posible identificar denuncias de casos de corrupción que involucraron el desvío de grandes sumas de dinero e implicaron a altas autoridades de gobierno. En varios de ellos el descontento ciudadano que generaron provocó masivas protestas y por primera vez un Presidente de la República (Otto Pérez Molina de Guatemala) renunció a su cargo debido a la acción judicial y al escrutinio de los medios de comunicación y la movilización ciudadana, un evento impensable hace pocos años[1].

Además de las denuncias, el otro factor que contribuye a conocer y dimensionar la corrupción, es la percepción de las personas sobre este problema. Con el fin de ahondar en las percepciones y actitudes de la población centroamericana ante la corrupción, se llevó a cabo un análisis de dos fuentes principales de información, la Encuesta Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Lapop) y la Encuesta Latinobarómetro que permitió determinar que la corrupción no es necesariamente considerada por los ciudadanos como el principal problema, pues existen otros asuntos relacionados con la economía, la pobreza y la criminalidad que generan mayor preocupación.

Pese a ello, en el 2016 la mayoría de la población centroamericana consideró que la corrupción había aumentado en relación con años anteriores, esta creencia es más fuerte en República Dominicana (72%), Costa Rica (66%) y El Salvador (56%) y se mantiene independientemente de la noción sobre progreso que se tenga del país (Latinobarómetro 2016 en Solórzano, 2019[2]). Uno de los factores que más inciden en la percepción de corrupción de las personas es haber sido víctima. De acuerdo con los datos del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés), en Honduras, Guatemala y República Dominicana ha aumentado el porcentaje de personas a quienes se les solicitó el pago de al menos un soborno durante el periodo 2004-2017, alcanzando para el último año cifras de alrededor de una cuarta parte de la población. El mayor crecimiento en la proporción lo experimentó Honduras, pasando de 18% en 2004 a 28% en 2016 (crecimiento de 10 puntos porcentuales) mientras que Costa Rica y El Salvador tuvieron disminuciones importantes (del 21% en el 2012 a 9% en el 2017 y del 19% en el 2014 a 13% en el 2017, respectivamente)[3].  

De acuerdo con la Encuesta Latinobarómetro para el 2017, resulta preocupante que cuando se pregunta sobre la probabilidad de poder sobornar a un policía, un juez o alguna persona en general, sea la policía la señalada con la más alta probabilidad en varios países, seguida por los jueces (gráficos 2). En República Dominicana se observan los mayores porcentajes de personas que afirman que es bastante o muy probable poder sobornar a una de estas figuras (58%, 48%, 48% respectivamente). En promedio más de un tercio de centroamericanos considera que es bastante o muy posible sobornar a uno de estos actores, los mayores porcentajes los obtiene la policía, mientras que los menores los jueces. En contraste, menos de la mitad de la población considera que hay ninguna o poca probabilidad de sobornar a un policía o un juez. Entre 41% y 43% de las personas en Guatemala, Nicaragua y Panamá tiene esa posición en relación con la policía y en relación con los jueces la proporción es entre 45% y 46% en esos países y 50% en Costa Rica.

grafico_erca.jpgLa posibilidad de combatir la corrupción de manera efectiva está directamente relacionada con el nivel de tolerancia o disposición de las personas a pagar sobornos y participar en prácticas de corrupción y la denuncia de este tipo de delitos. Sin embargo, de las personas que afirman que tuvieron que pagar algún soborno menos de una cuarta parte lo denunció. El mayor porcentaje de denuncia se presenta en República Dominicana donde el 19% afirma haberlo hecho, seguido de Honduras (11%) y Guatemala (9%). Además, de acuerdo con LAPOP 2017, en todos los países centroamericanos entre un 10% y 30% de la población justifica el pago de sobornos. En nivel de aceptación de este tipo de prácticas aumenta conforme la situación concreta en que ello sucede se acerca a la cotidianidad y necesidades de las personas (p.e. acelerar un trámite o acceder a un servicio público o un empleo) y alcanza el grado mayor de rechazo cuando las personas involucradas son políticos (p.e. un diputado acepta una "mordida" de una empresa).

En síntesis, aunque la corrupción no es uno de los principales problemas que identifica la población en Centroamérica, en la mayor parte de los países más de la mitad de la población considera que está aumentando. Dos de los mayores retos que parece enfrentar la región en esta materia tienen que ver con elevar la confianza en el sistema de administración de justicia para elevar la proporción de personas que denuncia la corrupción y reducir la percepción de corrupción sobre la policía y los jueces, funcionarios públicos cuya misión es brindar protección y tutela a los derechos de la población.

 

[1] PEN. 2016. En: Capítulo1, Sinopsis, Sexto Informe Estado de la Región. San José, Programa Estado de la Nación.

[2] Solórzano, A. 2019. Percepciones y actitudes con la corrupción en Centroamérica. Estudio preparado a solicitud de Wallmart de México y Centroamérica. San José, Proyecto Estado de la Región del Programa Estado de la Nación.

[3] Nótese que, en este caso se le pregunta al entrevistado si al acceder a alguno de los servicios se le solicitó el pago de algún soborno y no si lo pagó, esto porque es más probable que la persona tienda a mentir si se le pregunta si pagó o no un soborno dado el panorama de ilegalidad que esto tiene.

Centroamérica pierde el 48% del potencial de acumulación de Capital Humano

Centroamérica pierde el 48% del potencial de acumulación de Capital Humano

El nivel de capital humano que una persona posee afecta sus oportunidades y capacidades de generación de ingresos. Recientemente, el Banco Mundial publicó el Índice de Capital Humano para el 2017, el cual cuantifica  la acumulación de conocimiento, habilidades y salud que se espera que un niño que nace hoy alcance cuando cumpla 18 años.

Este índice tiene tres grandes componentes: sobrevivencia, educación y salud. La sobrevivencia se mide a partir de la probabilidad de sobrevivir a los 5 años de edad. La educación se mide por años de escolaridad ajustados por nivel de aprendizaje (a partir de escolaridad esperada y pruebas estandarizadas). Por último, la salud se estima a partir de la tasa de supervivencia (porcentaje de personas de 15 años que llegarán a los 60 años de edad) y del desarrollo sano (fracción de niños que tienen la altura esperada para la edad). A partir de estos componentes se calcula  el capital humano potencial y el porcentaje que acumularán las personas cuando cumplan 18 años para cada uno de los países que se consideran.

En Centroamérica, Guatemala mantiene el nivel más bajo en este índice (46%). Es decir, los niños y niñas guatemaltecos que nacen hoy, perderán un 56% del potencial que podrían tener con un capital humano óptimo. La segunda pérdida más grande la tiene Honduras con una merma del 51% del potencial. Le sigue El Salvador con pérdida del 50%, Nicaragua y Panamá con un 47% menos y Costa Rica con 38%. En total, la región centroamericana tiene condiciones para acumular solo el 52% del capital humano potencial, es decir, pierde un 48%.  

Al contrastar en el tiempo, El Salvador es el único país que tuvo un retroceso en el índice en 2012 versus 2017, pasando de 0,51 a 0,50. Lo anterior debido principalmente a un deterioro en la escolaridad esperada. En cuanto al resto de la región, si bien los demás países tuvieron aumento mínimo en el índice en este período, de 1-2 puntos porcentuales, lo que revela es un estancamiento en la mejoría en términos de salud y educación.

Los niveles de Capital Humano de la región son inferiores al promedio latinoamericano y al promedio de los países de ingreso medio excepto en el caso de Costa Rica. Guatemala, el más rezagado de la región, se encuentra por debajo del promedio de los países de ingreso medio bajo y sólo por encima del promedio de los países de África Subsahariana.

Lo anterior debe ser un llamado de atención de cara a los escenarios futuros de aprovechamiento del bono demográfico. De acuerdo con proyecciones de población, Guatemala y Honduras, y en alguna medida El Salvador y Nicaragua, aún tienen grandes porcentajes de población en edad escolar, los cuales están acumulando niveles de productividad de capital humano muy bajos.

A nivel centroamericano, en el año 2010, un 45% de la población tenía 19 años o menos, pero para el 2020 se estima que este grupo represente un 38% del total de la población y para 2030 un 32%. Es decir, aunque esta población tenderá a disminuir, los impactos de la pérdida de capital humano se trasladarán al mercado de trabajo. El bajo nivel educativo, junto con la concentración de la producción en actividades de reducido valor agregado, intensivas en mano de obra, son dos de las mayores barreras que enfrenta Centroamérica para modernizar sus economías e incrementar su productividad laboral. La productividad de la fuerza laboral dependerá del esfuerzo que se haga hoy por asegurar un mejor nivel de aprovechamiento en materia de educación y salud. Esta problemática resulta aún más relevante para enfrentar el envejecimiento de la población y los retos del futuro del trabajo que demandará mayores competencias para las que resulta fundamental haber recibido una educación de buena calidad.

Referencias:

(PEN, 2016). Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Programa Estado de la Nación.

(Banco Mundial, 2019). World Development Report 2019.The Changing Nature of Work. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1328-3. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

 

 

¿Qué implican para Centroamérica los virajes de la política migratoria estadounidense?

¿Qué implican para Centroamérica los virajes de la política migratoria estadounidense?

Dinámica histórica

La evolución de la migración centroamericana entre 1990 y 2017 tuvo dos particularidades relevantes: un aumento en la cantidad total de migrantes y un incremento en la proporción que se dirige hacia los Estados Unidos.

Entre 1990 y 2017, en Centroamérica, el porcentaje de la población migrante respecto al total pasó de un 8,6% a un 9,2%.[1] En un periodo tan amplio hubo oscilaciones en momentos específicos. Sin embargo, para este análisis es particularmente relevante lo sucedido entre el 2000 y 2017, donde se observan incrementos notables en países específicos como lo son El Salvador y Honduras, donde la proporción de migrantes creció en 8,6 y 2,6 puntos porcentuales respectivamente. Asimismo, en Panamá y Belice fue en los únicos países donde el porcentaje de migrantes se redujo.

El destino de los migrantes de la región también ha mostrado una evolución a partir de 1990 (Figura 1). Por un lado, en 1990, cerca de la mitad del total de migrantes de la región residía en EE.UU. Por el otro, casi una tercera parte se radicaba en países de Centroamérica (migración intrarregional). Esta característica rápidamente se modificó en los años siguientes, lo cual se refleja en que para el año 2000 más del 75% de la migración de Centroamérica se hallaba en EE.UU., proporción que se mantiene hasta la actualidad. El cambio en la dinámica es evidente: los migrantes en los EEUU. pasaron de aproximadamente un millón a tres millones y medio entre 1990 y 2017. En la Figura 1, esto se observa en el notable aumento del grosor de las curvas que se dirigen hacia EE.UU. desde cada país de Centroamérica.

Por otra parte, la cantidad absoluta de migrantes intrarregionales en 2017 fue menor en más de 200.000 personas en comparación con 27 años atrás. Esto a pesar de que la población de la región creció en casi un 60% en dicho periodo. En este sentido, es posible observar, en la Figura 1, cómo en 1990 la relevancia de las curvas que se dirigían hacia los países de Centroamérica era mucho mayor a la que se observa en los años posteriores.

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Una mirada a los flujos de personas que se desplaza de forma legal hacia EE.UU. muestra que, para países específicos, se observan años de flujos atípicamente altos (Gráfico 1). Esto obedece a programas de ayuda creados por EE.UU., por ejemplo los TPS[2], impulsados como consecuencia de desastres como lo fue el huracán Mitch o los terremotos ocurridos en El Salvador en 2001. Estos programas han sido incentivos adicionales que han fomentado las migraciones de centroamericanos a EE.UU.

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Escenario actual

Esto es relevante debido a que la situación política actual podría significar un shock con el potencial de alterar la dinámica descrita. Específicamente, el presidente Trump ha cancelado el estatus de protección temporal (TPS) a aproximadamente 195.000 salvadoreños y 2.500 nicaragüenses. Asimismo, alrededor de 57.000 hondureños podrían perder esta condición en un futuro próximo (Cohn y Passel, 2017). En el caso de El Salvador, la cifra representa una cantidad similar al flujo de migrantes legales de dicho país a EE.UU. entre 2005 y 2013. Aunado a lo anterior, en el debate político de EE.UU. el tema migratorio continúa siendo una prioridad para el presidente. En este sentido, actualmente el Partido Republicano negocia medidas migratorias más estrictas que incluso podrían llegar a la construcción del muro fronterizo o la eliminación de la protección especial (DACA) con que cuentan los migrantes jóvenes conocidos como dreamers.

Los alcances de este escenario son inciertos, sin embargo, es un hecho que impactarán a la región en temas tan diversos como la economía, la sociedad y la cultura. En el ámbito económico, los efectos negativos tienen el potencial de ser muy fuertes. Así, por ejemplo, en 2016 El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron más ingresos por remesas que por inversión extranjera directa. En el caso de El Salvador, las remesas fueron 11 veces mayores que la IED (Gráfico 2). Cabe señalar que también hay oportunidades. Las personas que serían retornadas tienen competencias, probablemente educación formal y trayectorias laborales distintas a las que tenían cuando dejaron sus países de origen. Ese capital humano podría ser aprovechado por la región para impulsar acciones que permitan satisfacer la demanda insatisfecha de recursos humanos con perfiles afines a los que tienen esas personas. Además, su conocimiento y experiencia pudieran ser valiosos para fortalecer la calidad y pertinencia de los institutos de formación técnica y profesional e impulsar la transformación productiva y los emprendimientos locales hacia actividades de mayor valor agregado.

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Finalmente, es importante identificar que la situación actual y perspectivas en relación con las migraciones también implican una oportunidad para impulsar una agenda regional que permita mejorar la gestión de las migraciones con mecanismos que garanticen la protección de los derechos y la integridad física y patrimonial de las personas migrantes y sus familias. Ello comprende tomar medidas anticipadas para gestionar mayores flujos intrarregionales asociados a las personas que buscarían en las migraciones sur-sur una posibilidad de encontrar un trabajo o mejorar sus condiciones de vida. En el escenario actual, ningún país está en condiciones de enfrentar estos retos sin una adecuada coordinación política a nivel regional.

Fuentes de información:

-Cohn D. & Passel J. (2017) More than 100.000 Haitian and Central American immigrants face decision on their status in the U.S. Pew Research Center. Washington, DC.

-Instituto de Investigaciones Sociales (2017). Demandas ciudadanas de jóvenes residentes en barriadas populares en Centroamérica. Proyecto de Investigación. Universidad de Costa Rica. San José.

-Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Demográfica (2015). International Migration Flows to and from Selected Countries: The 2015 Revision (POP/DB/MIG/Flow/Rev.2015). Naciones Unidas. Nueva York.

-Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División Demográfica (2017). Trends in International Migrant Stock: The 2017 Revision. (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Naciones Unidas. Nueva York.

-Programa Estado de la Nación (2017). Estadísticas de Centroamérica 2017. PEN. San José.

[1] Las cifras utilizadas para este análisis se basan en estimaciones de la Naciones Unidas, por lo que se deben interpretar como tendencias generales en el largo plazo y no como cantidades exactas.

 

[3] A partir del año 2000, el porcentaje de migrantes centroamericanos respecto al total de la población en Panamá ha crecido de forma constante.

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